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Diez claves de la reforma impositiva que ahora el Gobierno deberá negociar

Los funcionarios pusieron sobre la mesa las modificaciones que prevén hacer en el sistema fiscal; qué implicaría cada uno de los puntos para las empresas y las personas que se verían alcanzadas

2017-11-06

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Una carga impositiva alta, con distorsiones e inequidades; una parte significativa de la economía en la informalidad y una burocracia fiscal de tal nivel que todo lo encarece, son algunos de los rasgos que definen el escenario en el que se debate la reforma impositiva. Se suman otros factores: una relación muy intrincada entre la Nación y las provincias en lo que a la cuestión fiscal se refiere; un déficit del sector público que se pretende reducir en forma gradual; un gasto público en el que alrededor de dos tercios es prácticamente inflexible (se trata, básicamente, de jubilaciones y prestaciones sociales), y una necesidad de mejorar las condiciones de competitividad, algo que incluye correcciones al sistema tributario pero también una mejora en la infraestructura, una cuestión, ésta última, que se traduce en requerimientos de dinero para la obra pública.

El primer paso para andar por la laberíntica discusión por los cambios impositivos lo dio formalmente el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en un discurso en el que insistió en el concepto de responsabilidad fiscal como uno de los ejes de esta era de "reformismo permanente".

Qué cambios se aplicarán finalmente y de qué manera la reforma impactará en las cuentas de las empresas y en los bolsillos de las personas, es algo que dependerá de los resultados de una negociación política que recién se inicia. ¿Qué cargas fiscales están en revisión? A continuación, una síntesis de las propuestas y de las primeras repercusiones.

INGRESOS BRUTOS

Esta carga impositiva, que se considera muy distorsiva para el sistema productivo, es de nivel provincial. Por eso, el Gobierno promueve acuerdos con las jurisdicciones y las insta a buscar un equilibrio en sus cuentas. Por lo general, es un desafío muy significativo el de aliviar este impuesto, porque Ingresos Brutos suele representar hasta 7 de cada 10 pesos que obtienen las provincias de sus propias recaudaciones.

Hasta ahora, tres jurisdicciones anunciaron proyectos para reducir, desde 2018, el peso de este tributo, con la contrapartida de una mayor imposición a los patrimonios. Se trata de las provincias de Buenos Aires y Córdoba y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. "Va a ser ardua la negociación [entre la Nación y las provincias]; la reforma debe ir disminuyendo el peso de Ingresos Brutos hasta su eliminación en el mediano plazo", sostiene el tributarista César Litvin, que define a esta carga como "un impuesto tóxico", que acumula costos en todas las etapas de la producción, se calcula sin considerar si hay pérdidas y ganancias "y afecta terriblemente la capacidad de exportar". En 2016, según recordó, 11 provincias incrementaron alícuotas. El miércoles último, en medio de los ecos del anuncio de la reforma impositiva, la Corte Suprema de Justicia emitió una señal clara a favor de un alivio para los contribuyentes: declaró que es inconstitucional que las provincias cobren alícuotas más elevadas cuando las empresas comercializan productos que fueron fabricados fuera de sus territorios.

IMPUESTO A LOS DÉBITOS Y CRÉDITOS BANCARIOS

Junto con Ingresos Brutos, este tributo fue definido por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, como uno de los que tienen efectos "en cascada", porque agrega costos en los distintos eslabones de la cadena productiva. Nació durante la crisis de inicios de siglo como un impuesto de emergencia y con vigencia por un año, pero se extendió, prórrogas mediante, hasta la actualidad. Hoy representa alrededor del 10% de la recaudación de impuestos nacionales y eso, más la facilidad para recaudarlo, hacen difícil su eliminación. La propuesta oficial implica que, gradualmente, se puedan consideran los pagos como a cuenta de Ganancias. Y en cinco años no existiría más esta carga. La posibilidad de tomar los pagos a cuenta de otras obligaciones rige hoy en forma parcial, para algunos casos.

CONTRIBUCIONES PATRONALES Y APORTES

La iniciativa prevé fijar un monto no imponible, que sería creciente hasta el año 2022, con lo cual una parte de los salarios no estará alcanzada por la carga. Eso regiría para la contribución que hacen los empleadores para financiar el sistema previsional, el PAMI, el Fondo Nacional del Empleo y el régimen de asignaciones familiares. Quedan al margen los pagos a las obras sociales y al seguro de riesgos del trabajo. Por los conceptos incluidos existe una contribución de 17% o de 21%, según la actividad; la idea es incrementar en un caso la tasa y disminuirla en el otro, para que en 2022 quede unificada en el 19,5%. Por la disposición del monto no imponible, la medida significaría en conjunto una baja de costos, aunque también se eliminaría la posibilidad de descargar los pagos en el IVA que hay en algunos casos. El nuevo esquema arrancaría en 2018 con una cifra no imponible de $ 2300; ese monto, además de incrementarse luego periódicamente de manera nominal, se iría ajustando por inflación. Así, en 2022 se llegaría a los $ 12.000 (valor actual, ya que en ese momento se aplicaría el equivalente a esa cifra ajustada por inflación). Por caso, por un salario de $ 20.000 pagado en 2018, la alícuota se calcularía sobre $ 17.700, es decir, la remuneración restados los $ 2300 no imponibles. En cuanto a los aportes personales, se eliminaría el tope salarial para hacer el cálculo del descuento del 11% que tiene por destino el régimen jubilatorio, en tanto que sí se mantendría ese máximo para los aportes a la obra social y el PAMI (6% en total). La actual remuneración tope, que se ajusta con el índice de movilidad previsional es, desde septiembre pasado y hasta febrero próximo, de $ 81.918,55 (como contrapartida, hay un haber jubilatorio máximo, hoy de $ 53.090,20).

RENTAS FINANCIERAS

En esta propuesta "hay una jugada política del Gobierno", según considera Humberto Bertazza, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, tras recordar que la imposición a la rentabilidad de las inversiones financieras fue una de las consignas de la oposición en la campaña preelectoral. Según la iniciativa oficial, se gravarían los resultados de las inversiones con dos alícuotas: una del 15% en el caso de instrumentos de ahorro nominados en moneda extranjera o que se ajustan por inflación (no se gravarían las diferencias surgidas por evolución del tipo de cambio), y otra del 5% si se trata de rendimientos derivados de inversiones en pesos sin cláusulas de ajuste. Por ejemplo, en un plazo fijo en UVA (unidad de medida ajustable por inflación) con una tasa de rendimiento adicional, se aplicaría un 15% sobre la rentabilidad que se da adicionalmente al ajuste según la suba de precios. En el caso de una Lebac, se estimaría un 5% sobre el rendimiento. Los inversores tributarían por sus ganancias a partir de un monto no imponible de $ 52.000 anuales y cuando obtengan un ingreso anual mayor a $ 300.000. Tras el debate deberá aclararse, según dice Bertazza, si estarían gravados sólo los bonos emitidos a partir de la vigencia de la nueva normativa; eso demoraría la posibilidad de recaudar dinero. Estas imposiciones no alcanzarían a los extranjeros.

GANANCIAS (PERSONAS)

La modificación prevista beneficiaría a los autónomos, que son unas 398.500 personas, según el último informe del Ministerio de Trabajo. Se elevaría el monto de lo deducible, es decir, de las cifras que se restan del ingreso de la persona antes de calcularse el impuesto. Al ser menor la cifra imponible se genera, lógicamente, una disminución de la carga fiscal. Concretamente, se duplicaría la llamada deducción especial, que la ley dispone aplicar en forma simple para los autónomos, pero que se multiplica por 4,8 en el caso de los asalariados. Con el cambio seguiría el trato desigual entre ambos tipos de contribuyentes, pero se reduciría la brecha. Un ejemplo: un autónomo con ingresos netos por $ 200.000 anuales, pagará en 2017 por Ganancias $ 11.252; si rigiera el mecanismo propuesto, tributaría $ 3292. En un caso con una facturación anual de $ 500.000, el impuesto anual según el esquema vigente será de $ 98.023, mientras que si se aplicara el esquema incluido en la iniciativa del Gobierno, ese monto bajaría a $ 79.835.

GANANCIAS (EMPRESAS)

Se rebajaría la alícuota cuando no se distribuyan dividendos. Según el Gobierno, lo pretendido acercaría el nivel de imposición al que existe en otras partes del mundo, ya que el promedio global es de 24,3%. La propuesta es que se cobre un impuesto de 25% y se sume un adicional sobre las utilidades distribuidas, para completar -en esos casos- el 35% (que es la alícuota actual). A este esquema se iría en forma gradual, en cinco años. "Es una buena señal, como la que dan otras propuestas, para incentivar la inversión", evalúa el tributarista Alberto Tarsitano, que dirigió la elaboración de un informe de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, con ideas para la reforma.

IMPUESTOS INTERNOS

Es uno de los temas más controvertidos, sobre todo por los efectos posibles en las economías de varias provincias. Se propone elevar los impuestos al vino, espumantes y sidra (0 a 17%); gaseosas y bebidas con azúcar agregado (8 a 17%); cervezas (8 a 17%), whisky y otras bebidas blancas (20 a un rango de 20 a 29%) y aeronaves, embarcaciones y motos de alta gama (10 a 20%). Y bajaría la imposición de celulares, televisores, monitores y productos similares (17 a 0%) y autos y motos de gama media (10 a 0%).

IVA

Se prevé instrumentar un régimen de devolución de créditos fiscales de IVA para las empresas que, habiendo invertido, no los hayan recuperado en seis meses. Según Hacienda, lo que se promueve reducirá el costo financiero de los planes de inversión.

TRANSFERENCIA DE INMUEBLES

Se plantea la eliminación de esta carga, que es de 1,5% y pesa sobre las operaciones, con excepción de la venta de vivienda única para adquirir o construir luego otra. Se reemplazaría por una imposición del 15% de la ganancia obtenida (exceptuando también la primera vivienda).

COMBUSTIBLES Y NUEVOS TRIBUTOS

En el caso de combustibles, Dujovne dijo que los impuestos se simplificarían y se vincularían al cuidado del ambiente. Así, habría dos conceptos: uno se establecería por las emisiones de dióxido de carbono y el otro se calcularía de tal manera que se mantenga el nivel de carga tributaria actual. Además, se proyecta gravar con el IVA los servicios comprados online en el exterior, como el caso de Netflix o Spotify.

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